Con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, el personal de la Defensoría Pública de San Francisco del Rincón cambiará su sede a un nuevo edificio ubicado en Saturno 1300, en el fraccionamiento El Paraíso, en este municipio.
Desde 2024, las Defensorías Públicas de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón atendían a las personas usuarias en un mismo espacio, dentro del edificio del Poder Judicial localizado en la calle 5 de Mayo número 116, en la zona centro de Purísima del Rincón. Esta situación dificultaba contar con las condiciones necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.
A través de un convenio de colaboración con el Poder Judicial, se concretará el cambio de sede, con el propósito de fortalecer los servicios que brinda la Defensoría Pública y facilitar el acceso de las personas usuarias a la atención jurídica en su propio municipio.
Entre los principales beneficios se encuentra la concentración de distintos servicios judiciales en un mismo inmueble, donde también se ubican el Juzgado Especializado en Oralidad Familiar, los juzgados de partido y personal interno. De esta manera, las personas usuarias podrán acudir a las oficinas de la Defensoría Pública y a las instancias judiciales correspondientes sin tener que trasladarse entre distintos edificios.
Asimismo, las nuevas instalaciones permitirán que cada defensor público cuente con una oficina propia, lo que favorecerá una mayor privacidad durante la atención y contribuirá a mejorar la calidad del servicio.
Estas acciones se enmarcan en la instrucción de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de dignificar los espacios destinados a la atención ciudadana, mediante instalaciones más accesibles y eficientes, tanto para las personas servidoras públicas como para quienes requieren los servicios gubernamentales.
Con el cambio de sede, la Defensoría Pública de San Francisco del Rincón busca ofrecer condiciones más adecuadas para la atención jurídica y facilitar a la población el acceso a los servicios de justicia.
