El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con la intención de avanzar en el establecimiento de criterios y mecanismos que exijan de los entes públicos realizar procedimientos de adquisición.
Al hacer uso de la voz, el diputado Alejandro Arias Ávila señaló que la propuesta representará un avance en garantizar el mejor ánimo de competencia, con el fin de que se puedan adquirir los mejores bienes y servicios al mejor costo y con las mejores calidades, evitando la intermediación y sus posibles costes agregados, privilegiando la competencia, evitando dar ventaja a determinados proveedores sobre otros.
“Se ha visibilizado que, aun y con las regulaciones actuales y los controles que existen en la ejecución del gasto público, se poseen lagunas en estos que permiten por acción, omisión o desconocimiento, la actualización de procedimientos que ponen en duda la transparencia y diligencia con la que se debe actuar en los mismos. Si bien, la legislación local en materia de adquisiciones establece los procedimientos con que deben realizarse las contrataciones de servicios y cada autoridad que realiza estas operaciones debe contar con el reglamento respectivo, la realidad es que aún falta por atenderse”, dijo.
El legislador agregó que la iniciativa pretende establecer en la legislación vigente en materia de contrataciones públicas, la prohibición de solicitar requisitos exclusivos de productos o servicios vinculados con marcas o empresas, para garantizar las mejores condiciones del mercado y privilegiar la competencia en los procesos públicos de adquisiciones, con sus consecuentes beneficios.
“Resulta indispensable, que quienes participen en los procedimientos de contratación tengan un objeto social acorde a la naturaleza de los bienes que se pretenden adquirir y que, además, los servidores públicos tengan la obligación de corroborar que dicho objeto concuerde con la naturaleza de la operación que se desee concretar y con ello contar con mayores elementos de convicción que garanticen el cumplimiento de esta”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
